Piden que tarea social sea obligatoria en concesiones


Que la responsabilidad social sea una “obligación” en los contratos de concesiones que pacte el Estado panameño es el fundamento de una propuesta de ley que fue presentada al pleno de la Asamblea Nacional esta semana.

La iniciativa, que consta de ocho artículos y que aún no ha sido acogida por ninguna comisión, plantea que dicha obligatoriedad quedaría estipulada en una “cláusula” de los contratos, en la que establezca el diseño, desarrollo y ejecución de políticas, así como los planes, programas y proyectos de responsabilidad social que se llevarían a cabo, el porcentaje de inversión en su ejecución y su plan estratégico de implementación.

La propuesta, impulsada por el diputado panameñista Pedro Torres, también establece que el porcentaje destinado a la política de responsabilidad social sería de “3% del monto total del contrato o ejecución del mismo anualmente”. El monto debería ser invertido, “prioritariamente, en la comunidad o provincia en la cual se desarrolla la concesión”.

Según el proyecto, el programa de responsabilidad social podría acogerse a los beneficios fiscales que otorgan las leyes vigentes en el país para que sean deducibles de impuestos.

Además, que sería obligación del concesionario presentar en diciembre de cada año un informe anual sobre el impacto medioambiental o de bienestar social, educativo o económico de las actividades realizadas.

En caso de incumplimiento de la cláusula, se impondría una “multa igual al monto correspondiente al porcentaje obligatorio de responsabilidad social”. Todo ello, según lo establecido en la Ley 38 de 2000.

¿A qué se debe esta propuesta? A juicio de Torres, es una necesidad hacer obligatoria la responsabilidad social, ya que muy pocas empresas lo han hecho voluntariamente.

Según Torres, en Panamá es muy conocido el concepto de responsabilidad social, pero “su aplicación es vaga o casi nula […] Aquí, lo que vemos son donaciones improvisadas y proyectos ‘apagafuego’, que aunque son positivos en su aplicación, no son una verdadera responsabilidad social, porque no son para crear vínculos sostenibles con las comunidades, sino para mejorar la imagen de las empresas”.

Sobre este último aspecto, Bruno Basile, director de Sumarse, organismo que impulsa la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el país, dijo que la idea “es cruzar la línea de un modelo de negocio enfocado en el rendimiento económico, a un modelo de negocio enfocado en los stakeholders (grupos de interés: colaboradores, clientes, proveedores, comunidad, etc.) con visión económica, social y ambiental”.

En tanto, el abogado Rubén Elías Rodríguez coincide en que el asunto es necesario, pues la responsabilidad social que se realiza en el país es la que empujan los empresarios, pero se requiere que el Estado participe y la incluya en los contratos. “Es fundamental para que haya equidad. Muchas veces, las concesiones no son beneficiosas para el Estado y lo que se hace es dañar los recursos naturales del país”, dijo.

Este medio consultó al Ministerio de Comercio e Industria, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.



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