Los límites y desafíos de los médicos extranjeros


El pasado jueves 24 de diciembre, llegaron a Panamá 220 profesionales de la salud provenientes de la isla de Cuba. Su llegada ha sido fundamentada en el hecho de que las instituciones públicas de salud están saturadas con pacientes de la Covid 19, y el personal panameño tiene un agotamiento crónico por meses de combate en la primera línea de defensa contra la pandemia.

Uno de los mayores desafíos de la incorporación de médicos y otros profesionales de la salud extranjeros para participar de esta lucha heroica, es que no existía sustento legal para tal actuación. Los cubanos llegaron antes de la norma jurídica que les permitiría actuar en el país.

El desafío jurídico de la pandemia

El 15 de diciembre pasado se informó a la ciudadanía que el gobierno de Panamá contratará a profesionales de la salud de Colombia, Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela, dado que el personal de salud panameño mostraba cansancio y agotamiento extremo frente a las larguísimas jornadas de atención a los pacientes de la pandemia.

Con anterioridad ya se había anunciado la posibilidad de llevar adelante este tipo de iniciativa.

Una contratación ‘grupal’, no individual

En un comunicado firmado por Alfaro Marchena Noriega y Temístocles Díaz Lezcano -presidente y presidente electo, respectivamente-, la Sociedad Panameña de Cardiología advirtió que los médicos cubanos contratados no cumplen los requisitos establecidos en la Ley 89 de 2013 (que modifica la Ley 69 de 2013). Por ejemplo, esta ley indica, en su artículo 5, que la contratación “no podrá hacerse en grupo o contingente ni a través de concesiones o tercerización”. El acuerdo con el gobierno de Cuba indica que la contratación es grupal, no individual.

El 12 de agosto pasado, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, había indicado su disposición de que el Estado panameño contratara médicos cubanos para reforzar los servicios de salud, dado que la apertura de nuevas actividades establecidas para el siguiente lunes 17 de agosto, eran percibidas como una oportunidad de aumento de los contagios. Para ese 17 de agosto, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció la decisión del gobierno de no contratar a los extranjeros ante la oposición de los gremios de la salud.

El Decreto Ejecutivo 1687

Aunque la oposición de los gremios representaba un obstáculo importante para el ejercicio de las profesiones médicas por parte de extranjeros en Panamá, el otro gran obstáculo era la inexistencia de un marco jurídico.

El 29 de diciembre de 2020, apareció en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 1687 firmado por el presidente Cortizo y el ministro Sucre. En sus 11 artículos dibuja un esquema de tramitología que se pretende simple, para autorizar la entrada de los profesionales médicos extranjeros y las reglas bajo las cuales van a funcionar en Panamá.

Las reglas y principios del Decreto Ejecutivo 1687 contienen palabras como “autenticados”, “certificado” y “revisados”, lo que indica un trámite burocrático que por definición le va a restar velocidad a la intervención sanitaria extranjera.

En detalle, el artículo 3 del referido decreto ejecutivo establece que la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa) expedirá los permisos para que los profesionales extranjeros puedan trabajar en Panamá, únicamente en instituciones públicas de salud para la atención de pacientes de la Covid 19, y bajo la supervisión de médicos panameños idóneos.

En el artículo 5 se establecen una serie de requisitos burocráticos importantes, como copia del pasaporte, hoja de vida, créditos académicos, récord policivo, etc.

Evidentemente es complejo para una persona en su sano juicio tramitar toda esta documentación para presentarla al Estado panameño. Indudablemente, el asunto se complicaría mucho más cuando se trate de médicos mexicanos que hayan estudiado en la UNAM, se hayan especializado en la Autónoma de Guadalajara y practiquen en Nuevo León. En el caso de los médicos estadounidenses, tendrán que traducir documentos y posiblemente llevarlos a un consulado panameño para “apostillarlos”. Me imagino a un médico graduado de la Escuela de Medicina de Harvard teniendo que pedir sus créditos certificados y una copia autenticada de su diploma para que la evalúen en Panamá.

Otra limitación de las reglas del Decreto Ejecutivo 1687 es que, como lo dice su artículo 7, son los directores médicos de cada institución pública de salud los que tienen que solicitar al Minsa que les envíe médicos extranjeros. Son esos propios directores médicos los que serán responsables del trabajo del médico extranjero. ¿Quién va a tomar ese riesgo y semejante responsabilidad?

Lo que esto revela es que no existe un plan sistemático de asignación del recurso humano que acaba de llegar al país. Esto se llama improvisación. Si el 12 de agosto de 2020 ya se manifestaba la intención del gobierno de Panamá de traer médicos extranjeros, hubo suficiente tiempo para preparar ese proceso.

El Decreto Ejecutivo 1687 tiene otro defecto en su artículo 1, que establecía la autorización desde el 17 de diciembre de 2020 para la entrada de médicos extranjeros a Panamá. Como el decreto ejecutivo no puede ser retroactivo, “fue corregido” con una “fe de errata” en la Gaceta Oficial del día siguiente, 30 de diciembre de 2020. Lo llamaron un “error involuntario” del Ministerio de Salud y eliminaron esa autorización retroactiva. El único problema es que una fe de errata no es el mecanismo para cambiar el texto de un artículo de un decreto ejecutivo. Esto se corrige con otro decreto ejecutivo.

La situación de los médicos cubanos

El modelo político cubano ha puesto mucho énfasis en el desarrollo educativo y sanitario de su población. La formación de sus médicos es reconocida internacionalmente. Sus especialistas tienen amplia experiencia en el combate de enfermedades infecciosas, como lo probaron en la lucha -hombro a hombro- con médicos estadounidenses para combatir la enfermedad por el virus del ébola en África. Más recientemente, los médicos cubanos han participado en la lucha frontal contra la pandemia de la Covid 19 en Italia y de seguro lo harán en otros países.

Existe un grado de opacidad con respecto a la contratación de los profesionales cubanos ya que se desconoce las condiciones de sus pagos incluidos en el acuerdo entre los dos Estados.

Desde su cuenta de Twitter, el director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, División de las Américas, José Miguel Vivanco, envío a Cortizo el siguiente mensaje: “Panamá no puede ser cómplice de violaciones de DDHH del régimen cubano. Su gobierno debe tomar medidas serias para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá”.

Vivanco adjuntó un informe en el que detalla cómo el Gobierno de Cuba se aprovecha económicamente de sus médicos que hacen servicio en el extranjero y como son reprimidos cotidianamente. El Gobierno de Panamá no ha ofrecido salvaguarda alguna a los derechos y libertades de estos profesionales.

En lo que aparenta ser la fase final de la pandemia, justo antes de la masificación de las vacunas, el Estado panameño sigue buscando la hoja de ruta para controlar la Covid 19. Sería una gran tragedia que ese camino incluyera el desconocimiento de la dignidad de los médicos extranjeros que acuden a salvar nuestras vidas. Los ciudadanos de este país debemos estar vigilantes para que los médicos extranjeros no sean otras víctimas de la pandemia.

Estos son los requisitos para obtener el permiso

En su artículo 5, el Decreto Ejecutivo 1687 del 29 de diciembre de 2020 establece una serie de requisitos burocráticos importantes a los médicos extranjeros, como:

1. Copia del pasaporte, que será cotejada con la original, por las Oficinas de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.

2. Hoja de vida.

3. Presentar original o copia autenticada o certificación electrónica del título académico que lo acredita como profesional o técnico de la disciplina de salud respectiva.

4. Presentar original o copia autenticada o certificación electrónica de los créditos correspondientes a la disciplina de la salud respectiva.

5. Presentar original o copia autenticada de la idoneidad o la licencia o certificación profesional de su país de origen con certificación de su vigencia o certificación electrónica validada por la universidad respectiva.

6. Presentar historial penal, policivo o documentación de no haber sido sancionado por delitos ni faltas a la ética profesional de su país o récord policivo en caso de residir en la República de Panamá.

7. Certificación médica de salud física y habilidades conectivas expedido por un médico idóneo nacional.

8. Los títulos y créditos expedidos por universidades extranjeras serán revisados, según sea el caso, por el Colegio Médico de Panamá, en coordinación con la Dirección General de Salud Pública.



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