El reto de la justicia por el abuso en los albergues


La organización internacional Aid for Aids y la Red de Derechos Humanos de Panamá pidieron al Ministerio Público (MP) y a las autoridades pertinentes llevar a cabo investigaciones que den con los responsables de los abusos físicos, sexuales y psicológicos de niños, niñas y adolescentes en los albergues del país.

Aid for Aids, que suscribe un comunicado con Aliados por la Niñez y la Adolescencia, pide agilizar los procesos judiciales para determinar responsables, pero señala que las investigaciones deben ser “consecuentes” con los hallazgos del informe de la subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

“Que esta investigación se convierta en el impulso que necesita la niñez y la adolescencia de Panamá para que se respeten sus derechos y se cumplan los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, suscritos por Panamá y convertidos en ley de la República”, indica en un comunicado.

Por su parte, la Red de Derechos Humanos de Panamá, que aglutina a 26 organizaciones¨, solicita con “urgencia” al Ejecutivo que invite al país una delegación de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. “Esta es la forma más idónea de proteger los derechos, tanto de la niñez recluida en centros de protección, como a las personas adultas mayores en similares condiciones y enfrentar la desconfianza que existe en nuestras instituciones encargadas de investigar estas situaciones”.

Exigen acciones al Ministerio Público por abusos en albergues

En medio de la indignación colectiva por los reportes de abusos físicos y sexuales en albergues infantiles y de adolescentes a cargo del Estado, el Ministerio Público (MP) anunció ayer que abrió una investigación de oficio por la supuesta comisión del delito de maltrato al menor en perjuicio de una niña de un albergue encontrada el pasado viernes en el techo de un colegio en Tocumen.

Con esta investigación suman al menos cuatro las pesquisas que adelanta la entidad por abusos en albergues: dos iniciadas en 2020, otra que se abrió de oficio el viernes pasado luego de que se diera a conocer un informe de la subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional que reportó abusos en estos sitios de protección supervisados por el Estado. Y la del caso de la niña de 10 años encontrada fuera de su albergue el pasado viernes.

Entretanto, más organizaciones tanto internacionales como locales, se suman a las voces que reclaman acciones concretas por parte de las autoridades ante el escándalo por abusos físicos, sexuales y psicológicos en albergues bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Aid for Aids, una ONG que apoya a niños con VIH o sida, por ejemplo, es una de ellas. En sus redes sociales mostró su preocupación por los señalamientos.

El Ministerio Público abrió una investigación por la presunta comisión del delito de maltrato al menor, luego de que el viernes en horas de la noche, se encontrara a una menor de 10 años, que debía estar en un albergue del corregimiento de Tocumen, en un techo de una escuela del área.

Además, suscribe un comunicado con Aliados por la Niñez y la Adolescencia, en el que que piden a las autoridades brindar protección y reparación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como “agilizar” todas las investigaciones y procesos pertinentes para determinar responsables. Además, señalan que las investigaciones y procesos judiciales deben ser “consecuentes” con los hallazgos y denuncias que reveló el informe de la subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional preparado por Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza y Walkiria Chandler.

“Que esta investigación se convierta en el impulso que necesita la niñez y la adolescencia de Panamá para que se respeten sus derechos y se cumplan los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, suscritos por Panamá y convertidos en ley de la República”, plantea el comunicado.

Agrega que el Estado debe asumir responsable y activamente su rol de garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes promoviendo, de manera expedita políticas públicas, planes y programas acordes a la dignidad que merecen.

Derechos Humanos

Además, 26 organizaciones de la Red de Derechos Humanos de Panamá, así como activistas, hicieron un llamado al MP, a la Senniaf, a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo a atender estos temas.

Sugieren que el MP presente un informe a la ciudadanía sobre las medidas que ha adoptado en relación a las ocho denuncias que interpuso la exdirectora del Senniaf desde junio del 2020; y que explique cómo se articulará con la nueva investigación de oficio que se anunció el viernes 12 de febrero.

Piden, además, que se haga público un informe que detalle cuántas medidas de protección a víctimas ha tomado el MP para impedir la revictimización y coacción a denunciantes, especialmente en los casos donde se mencionan a niños en condición de discapacidad.

Consideran que la Senniaf debe solicitar a la Asamblea que identifique los nombres de los centros denunciados; la cantidad y tipo de abusos que se deben de investigar y se adopten las medidas administrativas que la ley prevé. La Red de Derechos Humanos advierte que la Senniaf no ha rendido cuentas a la ciudadanía ni a las organizaciones de derechos humanos. Tampoco se ha transparentado la debida diligencia en dicha investigación, pues, según explican, en el Consejo Consultivo de la Senniaf hay representantes que son funcionarios y otros que tienen conflicto de interés.

También piden a la Asamblea rendir cuanto antes informe técnico con datos verificables; “y no politizar esta situación para abrir la puerta a poderes ocultos que pretenden apoderarse de la institución como botín para nombramientos de copartidarios no idóneos. Repitiendo el modus operandi desarrollado en la Defensoría del Pueblo”.

Recuerdan a los diputados que deben aprobar una ley que busque la protección integral de la niñez y adolescencia. Además, plantean que la Senniaf debe tener un presupuesto adecuado para hacer su trabajo de protección integral de niños y adolescentes.

Mientras que piden a la Defensoría su respaldo al Mecanismo para la Prevención de la Tortura, que fue creado para dar seguimiento a los alberques o centros para niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y centros penitenciarios.

El 9 de febrero, la diputada suplente Walkiria Chandler sacó a la luz pública un informe elaborado durante seis meses a través de una subcomisión de la Comisión de la Mujer, presidida por Zulay Rodríguez, en el que se establece el abuso psicológico, físico, sexual y hasta abortos forzados en albergues a cargo del Senniaf.

El tema tomó más relevancia, ya que desde el 7 de enero pasado el presidente de la República, Laurentino Cortizo, había hecho cambios en la entidad. La directora Sara Rodríguez renunció y en su lugar fue nombrada Mayra Inés Silvera. En tanto, la subdirectora de esta entidad, Carla García, fue designada la semana pasada como gobernadora en reemplazo de Judy Meana.



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