El agotado mercado laboral y la aplicación de un decreto


El año 2020 cerrará como nadie hubiese querido. Aumento en los casos y muertes por la Covid-19, medidas de confinamiento y un sistema de salud agotado por los estragos de la pandemia.

El estado anímico de la economía está por el piso, y en el plano laboral también tiene un peso enorme la incertidumbre.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) emitió un decreto en el que ordenó el levantamiento gradual de la suspensión de los contratos de trabajo a partir de enero de 2021.

Para las empresas, el problema será cumplir con las cuotas de reintegro establecidas en el decreto. Los líderes empresarial habían expresado en el pasado reciente que algunas pequeñas y medianas compañías no sabían siquiera si podrían abrir, dada la inactividad de algunos sectores económicos y la ralentización de la demanda.

Los trabajadores, muchos de ellos suspendidos desde hace ocho meses, están contando los días para volver a generar ingresos.

Pero analizada la situación bajo otro cristal, para los gremios sindicales en vez de tratarse de un reintegro gradual, el decreto plantea una extensión gradual para que la suspensión siga vigente por un periodo de entre tres y hasta seis meses.

Medidas de suspensión y reintegro a raíz de la pandemia

A raíz del brote de la Covid-19 en el mes de marzo de 2020, en el país se adoptó la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo, de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo, por un mes y cuatro prórrogas.

Posteriormente, se expidió la Ley 157 de 3 de agosto de 2020, la cual extendió la suspensión de los contratos hasta el 31 de diciembre de este año.

Mediante el Decreto Ejecutivo 229 del 15 de diciembre de 2020, firmado por el presidente Laurentino Cortizo y la ministra Doris Zapata, se establecieron las normas laborales que empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2021 para levantar gradualmente la suspensión de los contratos y el reintegro de los trabajadores.

Este decreto estipula que como la Ley 157 tiene una aplicación temporal hasta el 31 de diciembre, el Mitradel presentará un proyecto de ley para regular las medidas que lo requieran en los primeros días de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, en enero de 2021.

El Mitradel, en tanto, dijo que ante la situación que afronta el país por la pandemia, mediante el Decreto Ejecutivo 229 del 15 de diciembre de 2020, ha establecido las normas laborales que empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2021, con la única intención de promover la cordialidad en las relaciones de trabajo, “respetando los derechos de trabajadores y la estabilidad de las empresas, de acuerdo a la situación económica y sanitaria del país”.

En promedio, se determinó que las empresas iniciarán con la reactivación de un mínimo de 20% del total de los trabajadores suspendidos al momento de la reapertura y los irán convocando progresivamente en los próximos meses.

La visión de Mitradel, según se deja ver en el decreto, es que haya una reactivación total de los contratos suspendidos en un periodo que no sobrepase los seis meses.

Hasta el momento, se han suspendido 282 mil contratos y de este total, solo se han reactivado 102 mil.

Anunciadas las medidas más estrictas de confinamiento al finalizar el año, a lo interno de los gremios empresariales se conoce que la discusión es cómo lograr los porcentajes planteados por el Mitradel, cuando nuevamente se le pone un freno al consumo.

Por otro lado surge la interrogante de cómo aplicar el decreto en empresas multisectoriales, cuando se decidió que la dinámica de reintegro será por porcentajes según actividad económica.

El decreto, además, establece una vía para prorrogar mes a mes la suspensión de los contratos, de acuerdo con los porcentajes de reintegro establecidos, si las empresas logran demostrar que es imposible cumplir con la norma.

Este proceso se haría de forma digital, a través de las plataformas de Mitradel. El solo trámite plantea un enorme reto, dado los tropiezos tecnológicos que ha tenido el Gobierno en el registro de contratos suspendidos y la acreditación del vale digital a los trabajadores en paro laboral.

Para el consultor empresarial y especialista del mercado laboral, René Quevedo, el Decreto Ejecutivo 229 es positivo por un lado, ya que le da cobertura legal a estos trabajadores ante el vencimiento de la normativa legal existente (Ley 157 de 2020), cuya vigencia culmina el 31 de diciembre.

Sin embargo, el decreto presume la reactivación económica y consecuente recontratación de trabajadores en un lapso menor a 6 meses, “lo cual no considero realista, dado el nivel de impacto económico de la pandemia a la fecha en los cinco sectores que representan la mitad de todos los empleos en el país”.

De acuerdo con las cifras de la Contraloría General de la República, estos sectores incluyen industrias manufactureras (-26.2%), construcción (-52.9%), comercio (-24.6%), hoteles y restaurantes (-51.4%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-6.7%), al tercer trimestre del año.

Quevedo recuerda que a estos indicadores se agrega que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) es 22% inferior al compararse este año con septiembre 2019, y sólo 6% superior al de abril 2020, cuando el país estaba en los inicios de la cuarentena.

Todos estos son síntomas claros de un nivel marcadamente inferior al existente hace un año en el comportamiento de la economía y, por consiguiente, en la retención y generación de empleo.

El secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), Saúl Méndez, dijo en Radio Ancón, que el Decreto Ejecutivo 229 será demandado por inconstitucional, ya que -según él- sería violatorio del Código de Trabajo.

La suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo está prevista en la legislación panameña a través del Código de Trabajo.

Esta suspensión se puede aprobar por un mes y posteriormente prolongar, si se registra una situación de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que ello ocurriese, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral puede autorizar cuatro prórrogas de 30 días cada una, hasta un máximo de cuatro meses.

Las medidas de confinamiento impuestas en el país obligaron a que muchas empresas alcanzaran dicho tope.

Ante esta situación, se expidió la Ley 157 del 3 de agosto de 2020, que permitió la prórroga de la suspensión de los contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se suponía que para que se pudieran suspender contratos de trabajo más allá del 31 de diciembre, sería necesario que la Asamblea Nacional emitiera una nueva ley.

El Mitradel indicó que el contenido del Decreto Ejecutivo 229 será plasmado en un proyecto de ley que será presentado en enero a la Asamblea Nacional.

Diciembre cerrará con una desalentadora proyección de desempleo. Mitradel no ha cambiado su proyección.

Quevedo recordó que de cumplirse el pronóstico de un 25% de desempleo para el 2020, se estarán agregando 400 mil nuevos desempleados este año.

“En una economía que genera entre 45 mil y 50 mil nuevos empleos anuales, nos llevará un mínimo de ocho años recuperar los empleos que se perdieron este año”, afirmó.

El reintegro gradual, según el decreto

Las empresas que se desempeñen en el sector primario, es decir, todas las que forman parte del sector agropecuario, deberán iniciar con un mínimo de 50% de los trabajadores suspendidos en el primer mes de 2021.

Para el segundo mes, ya deben estar reactivados el 70% de los contratos suspendidos. El total de los trabajadores se reintegrará al inicio del tercer mes.

Para las empresas del sector secundario, entre las que encuentran las industrias azucareras, compañías avícolas y de productos lácteos, se ordenó iniciar con el 20% del total de los trabajadores suspendidos al mes anterior.

Progresivamente, en un periodo de 5 meses, el reintegro porcentual será entre el 25% y 30% del total de los trabajadores suspendidos al mes anterior.

Para las empresas del sector terciario, que abarca a todas las que ofrecen un servicio, como las que operan en la Zona Libre de Colón, en el primer mes debe reincorporar al 25% del total de los trabajadores con contratos suspendidos.

Gradualmente, en los siguientes 5 meses, serán reintegrados los trabajadores en porcentajes entre 20% y 30%.

Las empresas turísticas, en el primer mes deberán incorporar al 10% de los empleados suspendidos, hasta incorporarlos a todos al sexto mes de 2021.



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