Denuncian dramáticos regímenes “carcelarios” en residencias sanitarias en Argentina | Internacional


Brenda Villalba, una de las tantas recluidas en centros de aislamiento en la provincia de Formosa, Argentina, denunció una crítica situación que junto con otras personas deben afrontar, producto de las políticas sanitarias impuestas por el gobierno local de Gildo Insfrán.

Brenda, quien permanece encerrada en la Escuela número 224 con su hija de 4 años, relató que “desde el día 1 somos negativas”. Sin embargo, lleva casi un mes días dentro de dicho establecimiento.

Durante su estadía, fue sometida a al menos 4 pruebas PCR, todas con resultados negativos, constató Perfil.

El lunes 25 de enero “supuestamente tenían que darnos el alta. Pero si nos vamos, nos abren una causa judicial” remarcó.

“Ahora somos 17 personas, de las cuales dos son menores. Una de los añitos que es mi nena y otro nenito de cuatro” continuó Brenda. Asimismo, recalco: “Estamos bien, la escuela está linda, tenés aire, Wi-Fi y comida. ¿Pero dónde quedan nuestros derechos a la libertad?”.

Respecto de las normas de salud e higiene, contó que sólo poseen “dos duchas y seis inodoros” además de que no pueden “salir al patio o al pasillo” por que “está todo vallado”.

“Tenemos que pedir permiso para ir al baño. Organizamos un grupo de WhatsApp donde avisamos para no cruzarnos con otras personas. Hasta pusieron horarios para bañarnos” repudió.

Finalmente, afirmó “nos están privando de nuestra libertad, nosotros no tenemos nada y seguimos estando acá” además de concluir subrayando una vez más que “cuando preguntas, nadie te dice nada. Se tiran la pelotita entre ellos”.

¿Vulneraciones a DDHH?

No se trata de una denuncia aislada. En respuesta a la controversia desatada por los casos denunciados, el secretario argentino de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, aseguró que “no se violan sistemáticamente los derechos humanos en la provincia de Formosa”.

“No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, es casi un chiste hablar de eso, y también decir que no se violan sistemáticamente los derechos humanos, esto quiero dejarlo claro. No hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa”, zanjó Pietragalla en una conferencia de prensa tras su visita a la capital provincial, según lo citó EFE.

Esta provincia, con diferencia la menos afectada por el coronavirus en Argentina (apenas 828 desde el inicio de la pandemia, 14 en las últimas 24 horas), ha sido objeto de una fuerte polémica política en el país, con protestas ciudadanas, acusaciones de violación de los derechos humanos por parte de la oposición y advertencias de parte de Amnistía Internacional, debido a su rígida estrategia sanitaria.

Entre otros requisitos, como presentar un PCR negativo realizado dentro de las 72 horas previas al ingreso, quien quiera entrar a Formosa debe solicitarlo con un formulario, esperar la autorización y cumplir una cuarentena de al menos 14 días en uno de los centros de aislamiento del Gobierno provincial.

También hay centros para acoger a personas que, si bien ya estaban dentro de la provincia, son contactos estrechos de casos confirmados. En el caso de que alguna persona que sea contacto estrecho arroje resultado positivo durante el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, esta se prolongará “durante todo el tiempo necesario que lo requieran las autoridades sanitarias”, señala la normativa.

Visitas internacionales

La situación ya está en la mira de organismos como la Human Rights Watch o Amnistía Internacional.

HRW ya adelantó que durante los próximos días publicará un informe respecto de las acusaciones de hacinamiento, detenciones arbitrarias y condiciones de insalubridad.

“Hemos recibido denuncias serias que estamos verificando, las cuales describen un panorama evidentemente abusivo que consiste en hacinamiento, detenciones arbitrarias, condiciones insalubres, todo con una política de control policial”, manifestó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para América, según lo citó Infobae.

Añadió que las denuncias recibidas “son graves, creíbles y serias”.

Por su parte, Amnistía Internacional solicitó al Gobierno reconocer las violaciones a los Derechos Humanos en la provincia cuestionada, constató TodoNoticias, especificando que se acusan vulneraciones a derechos como la alimentación y la salud.

También reportan que hay personas hacinadas, con gente “enferma, asintomática y que no tiene COVID-19”, según indica la directora ejecutiva de AI, Mariela Belski.

Asimismo, cuestionan que la secretaría de DDHH “tiene limitaciones y no puede hacer mucho más que un informe”.



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