Denuncia penal por no cumplir con medidas de bioseguridad


Una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delito contra la salud pública fue presentada por funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) ante las condiciones en que están laborando durante la pandemia.

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Según Lawrence Allen, quien interpuso la denuncia por parte del Movimiento en Defensa de las Finanzas de la CSS (ManoFirme), en ningún momento en oficinas administrativas de la institución se ha cumplido con medidas de bioseguridad tendientes a proteger a los trabajadores ante el coronavirus.

Especifica que desde el 16 de julio de 2020, la dirección de Recursos Humanos instruyó a los servidores públicos de la CSS para que se retomara el horario regular de labores, “sin tomar en cuenta las normas vigentes, al margen de los decretos ejecutivos vigentes que tienen como objetivo implementar medidas de bioseguridad y modalidades de trabajo que incluyen horarios especiales”.

De acuerdo con Allen hay hacinamiento de funcionarios en departamentos, secciones, agencias administrativas y unidades de la CSS, incumpliendo el distanciamiento físico estipulado en los decretos y leyes.

“Como resultado de la inacción, negligencia e incumplimiento de la norma, decretos y leyes vigentes para prevenir la covid-19 posiblemente fallecieron más de 50 servidores públicos y miles resultaron contagiados en las áreas de trabajo”, registra la denuncia.

El movimiento ManoFirme solicitó al Ministerio Público realizar las diligencias judiciales respectivas, para deslindar responsabilidades de quien o quienes resulten identificados como responsables de los hechos denunciados.

La querella fue presentada luego de que estos trabajadores agotaran la vía administrativa, solicitando reunirse con las autoridades de la CSS para explicarles sus inquietudes.’

16

de julio de 2020, en el momento más crítico de la pandemia, la CSS instruyó que se retomara las 8 horas de trabajo.

18

de marzo de 2021, fue presentada la denuncia ante el Ministerio Público.

Según el decreto 1684, todavía vigente, las oficinas públicas deben laborar hasta con el 50% de su capacidad.



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