Calviño estudia condonar a las empresas los créditos ICO creados para mitigar la crisis por la covid


La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ultima un paquete de ayudas para las empresas con problemas de solvencia debido a la Covid, y entre ellas hay una que se perfila como segura: la posibilidad de condonar los préstamos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el año pasado se concedieron a más de 900.000 empresas, en su inmensa mayoría pymes y autónomos.

Esta es una de las posibilidades que la Comisión Europea dio el año pasado a los países de la UE para que ayuden a las pymes de los sectores del transporte, el turismo, la cultura, la restauración y el comercio, los más afectados por las restricciones por la pandemia. 

En realidad, Calviño podría haber acudido a ellas ya hace meses, como hizo Alemania. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno ha optado por asumir el pago de los salarios y las cotizaciones sociales de los empleados a través de los ERTE o mediante exenciones y aplazamientos fiscales. Solo ahora Calviño aprovecha que Bruselas ha prorrogado –y mejorado– las medidas para permitir la concesión de ayudas de Estado para otorgar «ayudas directas», aunque la opción que de momento parece más clara es la menos directa de las existentes.

Desde el Gobierno se tiene claro que una de las vías para ayudar a las empresas será liberarlas de devolver los créditos que pidieron a los bancos avalados por el Estado a través del ICO, en principio hasta el 60% y al final hasta el 80%. Esta decisión supondría convertir en ayudas directas el capital prestado a través de créditos ICO, por un importe de 89.924 millones de una línea total de 140.000 millones. «Técnicamente, una condonación», apuntan en el Gobierno. 

Sin embargo, no solo las empresas que pidieron estos préstamos serán beneficiarias de las ayudas. En cualquier caso, Calviño solo auxiliará a las empresas que serían solventes si no fuera por el coronavirus. Sigue así el requisito que marca Bruselas: ayudar a empresas que no tuvieran problemas de solvencia en diciembre de 2019. En general, se tratará de «ayudar a gente que pueda estar sobreendeudada entre otras cosas por los créditos», dicen en el ministerio de Calviño, donde apuntan como idea principal las relaciones de las empresas con los bancos.

De momento la vicepresidenta no ha revelado si piensa conceder «subvenciones directas», de hasta 1,8 millones por empresa y en función de su facturación de 2019, que desde el año pasado permite la Comisión y a las que ya recurrió Alemania. El Gobierno español optó por respaldar con la garantía del Estado préstamos bancarios que ahora podría condonar. Por otra parte, Calviño también tiene luz verde de Bruselas para otorgar «ventajas fiscales» a las empresas.

Dentro del Gobierno celebran que Calviño haya entendido por fin que son necesarias unas ayudas directas que todavía tardarán semanas en acordarse con Bruselas. Economía espera que no sea cosa de meses, pero avisa de que la Comisión Europea todavía tiene que aprobar el reglamento español de estas ayudas. Fuentes comunitarias se comprometen a revisarlo con la mayor rapidez, dada la urgencia. En Bruselas, el plan español de ayudas pasará por varias direcciones generales de la Comisión antes de llegar a la que tiene que decidir, la de Competencia.

Mientras, Calviño insiste en que corresponde a las comunidades y a los ayuntamientos seguir subvencionando a las empresas. «Están mejor situados para responder a sus especificidades», reiteró el lunes ante el Cercle d’Economia, en Barcelona.



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