ANTAI: Contraloría está impedida en compartir la información de los contratos de servicios


La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) reiteró al grupo Acción Ciudadana que la información de los contratos de servicios profesionales que se pagan mediante la partida 172, también llamada “cashback” por algunos diputados, es pública. Sin embargo, la Contraloría está impedida en entregarla.

El pronunciamiento surge a raíz de la consulta de Freddy Pitti, de Acción Ciudadana, a la Antai en una carta, debido a que solicitó a la Contraloría General de la República los “documentos o soporte del refrendo de la planilla 172 de servicios especiales gestionados entre marzo y septiembre 2020, evidencia de los servicios prestados y nombres de los diputados que lo requirieron” y la Contraloría no brindó la información sino que remitió a Pitti a la Asamblea, indicando que era confidencial y también que no posee la misma.

La consulta de la organización ciudadana surge tras una investigación de este medio que reveló que en los meses de pandemia el legislativo reactivó y desembolsó $8 millones de la cuestionada planilla 172, mediante la cual se pagan contratos de servicios especiales para trabajos que no se encuentran contemplados en la planilla permanente, sin sustento alguno ni detalle de lo pagado, y que los contratos más cuantiosos los cobraron exdiputados y sus familiares.

Pitti solicitó a la Antai pronunciarse y resaltó que la Contraloría cuenta con el sistema de “seguimiento, control, acceso y fiscalización de documentos” por sus siglas Scafid, que se emplea desde el 2013 por medio del decreto 72, por lo que su uso es obligatorio y deben tener la documentación que, según la Contraloría, fue devuelta a la Asamblea.

No obstante, la Antai indica que por las funciones de la Contraloría de fiscalizar y regular, la “documentación le fue remitida con la finalidad de ejercer el control previo y su consecuente refrendo. De ahí que la Contraloría estaba impedida jurídicamente de proporcionar la documentación que le fue solicitada ya que ellos no son la unidad contratante, ni gestora, ni custodios de los contratos solicitados siendo para los efectos la Asamblea Nacional quien tiene toda la facultad para la realización de cualquier diligencia administrativa y legal con relación a los mismos”, indicó la directora de Antai, Elsa Fernández en una carta que lleva su firma.

Y no hizo ninguna mención a este sistema Scafid que, según exfuncionarios de la Contraloría, como el abogado Ernesto Cedeño, afirman que toda documentación queda digitalizada por la entidad por utilizar el Scafid y que la Contraloría debió suministrarla.

Añade Fernández, en su misiva, que los contratados mediante servicios profesionales no son empleados públicos, por lo que lo referente a dichas contrataciones tendrán que reflejar el tipo de servicio requerido, número de meses, cuantía mensual y total y disponibilidad presupuestaria.

Que la información reposa en la Asamblea más no en la Contraloría y que según la Ley de Transparencia, la entidad está obligada e indicarle al solicitante donde reposa la información, tal como lo hizo y concluye que la Asamblea debe publicar en su sección de transparencia lo referente a estas contrataciones.

La respuesta de la Antai dejó “un sabor amargo” a Pittí toda vez que la nota de la institución que vela por la transparencia no menciona nada respecto a la negativa de la Contraloría de brindar la información en un principio y tampoco respecto a si se está utilizando el sistema Scafid que es de uso obligatorio.

La Prensa intentó contactar a la directora Elsa Fernández pero no fue posible obtener más detalles al respecto.

Adjuntos

Nota de Accion Ciudadana.pdf

Adjuntos

Respuesta de ANTAI.pdf



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